En 1750, Portugal propuso a España una permuta. España debía cederle los Siete Pueblos Guaraníes (sobre la margen derecha del río Uruguay), y Portugal le entregaba la Colonia del Sacramento. El monarca español Fernando VI finalmente aceptó, celebrándose así el llamado “Tratado de Permuta”.
La ejecución del convenio fue encargada, por España, al marqués de Valdelirios. Pero sucedió que, ni bien llegó ese comisionado a Buenos Aires, el Cabildo de San Miguel de Tucumán le elevó una larga y enérgica presentación, fechada el 6 de abril de 1752 y que consta en nuestras actas.
Sostenía que Fernando VI debía revisar su criterio. Opinaba que Portugal quería tener los Pueblos Guaraníes, con la intención de “abrirse por ellos una franca y espaciosa puerta para entrar conquistando”; y de ese modo llegar hasta la villa de Potosí, y tomar sus “riquísimas minas”, que eran “el principal tesoro” que el monarca poseía en América. A su juicio, Portugal ambicionaba apoderarse “de toda América”, y hasta era posible que, en su paso a Potosí, quisiera conquistar Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago, Tucumán, Salta y Jujuy.
El interesantísimo documento –imposible de sintetizar por su extensión- fue publicado textualmente y comentado por el doctor Francisco E. Padilla en su revista “Ideas”, en noviembre de 1940. Lo consideraba revelador de que el Cabildo, en algunas situaciones especiales, podía superar la gestión municipal y judicial, y llegar hasta “intentar el ejercicio de un veto suspensivo sobre las órdenes reales o sobre su cumplimiento”. Es decir, ejercer las “facultades propias de las asambleas representativas en el orden político”.